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La ola migratoria de fines de los noventa estuvo marcada por una profunda crisis
que vivió el país, cuyos efectos fue la salida masiva de ecuatorianos, quienes
apostaron su suerte en el viaje al exterior en busca de mejores días, tanto para
ellos como para su familia. Como consecuencia de ello el país ha contado con los
exuberantes ingresos de las remesas los mismos que han servido para aliviar
cargas sociales al Estado y ayudar a reducir la pobreza; a costa de enfrentar
algunos problemas sociales que trae consigo este fenómeno como son la
discriminación a nuestros emigrantes, así como conflictos derivados de la
desintegración familiar.
Hoy en día la situación ha dado un giro ya que debido a la crisis financiera y
económica de los países industrializados, ha existido una contracción en el
empleo, la cual afecta a todos los emigrantes, en el caso de Ecuador ha
provocado una reducción en las remesas las mismas que producen una
disminución del consumo, y en consecuencia de la producción y el empleo; lo cual
nos lleva a realizar un análisis acerca de las políticas que esta tomando el
gobierno para dar alguna solución tanto al fenómeno emigratorio y su consecuente
envío de remesas.
"las reformas en la legislación financiera introducidas en 1994, pendientes a la liberalización financiera, dejaron a los intermediarios financieros locales en absoluta libertad de manejar la cartera de crédito, liberados de las normas y controles que hasta entonces ejercía el Estado".1
Otro factor importante que agravó la crisis fueron los altos gastos militares efectuados que hizo el Ecuador para poder afrontar el conflicto bélico del Cenepa de 1995 con el Perú.
Gastos no presupuestados y para empeorar las cosas, azotó al Ecuador el fenómeno natural de El Niño de 1998 quedando el sector agrícola ecuatoriano destrozado y en bancarrota, súmese a esto la crisis financiera internacional y el desplome del precio del petróleo en la época (US$ 6,30 por barril) siendo Ecuador un país cuyos mayores rubros de exportación y el financiamiento del presupuesto estatal dependen de la industria petrolera.
El 8 de marzo de 1999, se declaró un "feriado bancario" de 24 horas, que finalmente duró 5 días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, Mahuad decretó un <<congelamiento de depósitos>> por 1 año, de las cuentas de más de 2 millones de sucres. Aun así los bancos “quebraron” y el Estado asumió los costos, transmitiéndolos a la población a través de diversos mecanismos, entre ellos, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.
Durante ese mismo año, el Banco Central del Ecuador con el fin de salvar el déficit presupuestario del Estado que le impedía cubrir con el gasto público, implementó una serie de medidas devaluatorias del sucre. El efecto de decretar la inflación, fue la depreciación de los ahorros de la población. En respuesta a las medidas del banco central la población ecuatoriana empezó a cambiar masivamente la moneda nacional, sucre, por el dólar americano que brindaba más confianza.
La crisis financiera produjo aproximadamente un 70% del cierre de las instituciones financieras del país. En 1999 la actividad económica fue -7 o -8% y el sucre perdía su valor por 195%. Las pérdidas económicas ascendieron a 8.000 millones de dólares. El ingreso per cápita del dólar americano había caído por 32% durante aquel año. El desempleo aumentó de 9% al 17% y el subempleo aumentó de 49% al 55%. Fueron utilizados 1.6 mil millones dólares de los fondos del Estado de Ecuador a los bancos que quebraron. El medio circulante aumentó a una proporción anual de 170% para pagar a los depositantes de los bancos quebrados.
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